CALMÓ LAS AGUAS el presidente del Automóvil Club de Río Cuarto Jorge GualdoniHa explicado cómo se originó la deuda que puso en jaque al autódromo cordobés y que, según lo dictaminado por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Río Cuarto, a cargo de la jueza Fernanda Betancourt, debía rematarse el predio para afrontar una deuda de 760.000 pesos.

«Estamos preocupados por este tema, nos ha tomado a todos por sorpresa», señaló el dirigente en el programa A Fondo Radio (Radio Laboulaye AM 1440) , y detalló  que la situación no ameritaba la explosión mediática que tuvo: «La Municipalidad de Río Cuarto ya tenía un arreglo bastante avanzado con las partes, ya sea el Automóvil Club de Río Cuarto (ACRC) como con San Ignacio Loyola, que es la empresa que hizo el trabajo de repavimentación».

Tras esta aclaración inicial, Gualdoni dio los porqué del cese de pagos a la empresa: «En 2012, cuando se hizo la última carrera de TC, apenas los autos salieron a clasificar se levantó todo el pavimento. Con la buena predisposición de la ACTC  y de los pilotos, la carrera se pudo hacer igual. Entonces, el ACRC inició juicio por mala praxis en la repavimentación e hizo volver unos cheques que se habían depositado para cubrir el saldo total de la deuda. La Municipalidad puso 1.400.000 pesos y nosotros 400.000 para terminar de pagar el saldo. El lunes siguiente a la carrera, esta gente se lleva las máquinas del autódromo, no hubo posibilidad de dialogar con ellos para ver cómo se podía solucionar este tema, por lo tanto el Club decide no pagar los cheques, los cuáles eran de un total de 420.000 pesos y son por los cuáles está demandada la institución».

A todo esto, hay una situación paradójica que el mismo dirigente explicó: «Lo concreto es que el municipio puso 1.400.000 pesos y el pavimento sigue estando roto, por lo que ellos también están involucrados. Y, lo peor de todo, es que San Ignacio Loyola es prestataria de la municipalidad, a tal punto de que en estos días ganó la licitación para hacer 20 cuadras de pavimento en la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace falta una decisión política de hablar con esta gente y decirles ‘che, te estamos dando esto, por lo que podrías hacer un poco de vista gorda con lo del autódromo».

Algo que quiso dejar bien en claro Gualdoni fue que el contrato con la empresa que ahora es demandante no fue bajo su mandato, si no con el anterior presidente del ACRC: «Esto fue con el anterior presidente (Norberto Moyeta) que, cuando se fue (renunció por disidencias con buena parte de la Comisión Directiva), el trabajo de repavimentación estaba por la mitad, mientras que se terminó cuando era yo el presidente». Y, de paso, le tiró un «palito» a Moyeta: «A la empresa le dejó puesta el anterior presidente, y no se puede poner a cualquiera a repavimentar un autódromo, tiene que ser alguien con los ingenieros y las máquinas para realizar una obra como esta».

«Lo concreto es que las partes están muy cerca de llegar a un arreglo, más allá de lo que salió publicado, que nos desconcertó un poco porque parecía que estaba todo encaminado. Creemos que esto fue una movida de los abogados de la empresa para apretar de cierta forma al municipio o al ACRC. Ellos están demandando por 760.000 pesos e imaginate que ni nosotros, ni los amigos del club, ni la municipalidad ni nadie va a dejar que se remate el autódromo por esa plata. Confío en que esto va a llegar a buen término y va a quedar como una anécdota más», tranquilizó Gualdoni y dejó una sentencia por demás elocuente: «El autódromo no se va a rematar, lo vamos a salvar de cualquier manera».

 

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Por Cristian Re.

 

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